Durante décadas, la hipoteca ha sido el instrumento tradicional por excelencia para garantizar obligaciones en Paraguay. Su reconocimiento en el Código Civil, su inscripción registral y la preferencia que otorga al acreedor sobre el inmueble constituyen atributos que le han permitido ocupar un lugar central en las operaciones crediticias, comerciales e inmobiliarias. Sin embargo, el mercado está comenzando a plantearse una pregunta que merece especial atención ¿de qué sirve contar con una garantía jurídicamente sólida si, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor necesita atravesar años de litigio judicial para hacer efectivo su derecho?
Esta es, probablemente, una de las principales razones que explican el creciente interés por el fideicomiso de garantía en Paraguay. No se trata simplemente de incorporar una figura contractual diferente, sino de responder a una necesidad concreta del mercado que es contar con mecanismos de garantía que ofrezcan mayor agilidad y eficacia al momento del recupero. La discusión ya no pasa exclusivamente por la constitución de la garantía, sino por la posibilidad real de ejecutarla.
La hipoteca permite que un inmueble quede afectado al cumplimiento de una obligación sin que el propietario pierda su titularidad o posesión, lo cual ofrece una protección importante al acreedor. Sin embargo, cuando se produce el incumplimiento, aparece una de sus principales debilidades operativas, la necesidad de recurrir a la vía judicial para obtener la realización del inmueble y cobrar el crédito garantizado.
En la práctica, un proceso de ejecución hipotecaria puede extenderse durante años. Las incidencias procesales, las excepciones, las notificaciones, las dificultades para concretar los actos de realización del inmueble y las eventuales impugnaciones terminan convirtiendo lo que inicialmente debía ser una garantía de seguridad en un proceso de recuperación costoso, lento e incierto.
Y aquí aparece un problema que trasciende lo estrictamente procesal, la inseguridad jurídica no necesariamente deriva de la inexistencia de normas que protejan al acreedor, sino también de la dificultad de obtener una respuesta efectiva y oportuna del sistema judicial.
El tiempo es una variable económica. Un crédito que no puede recuperarse oportunamente pierde valor, genera costos financieros, compromete la liquidez del acreedor y afecta su capacidad de seguir financiando nuevas operaciones. Por eso, para una entidad financiera, una empresa o un inversor, no siempre resulta suficiente saber que tiene una hipoteca debidamente constituida e inscripta. También necesita saber cuánto tiempo le demandará hacerla efectiva si el deudor incumple.
La experiencia del mercado demuestra que una garantía puede ser jurídicamente válida y, al mismo tiempo, resultar económicamente ineficiente. En este contexto, la migración hacia estructuras fiduciarias no debe interpretarse como una simple preferencia contractual, sino como una respuesta a las limitaciones que presenta el modelo tradicional de ejecución de garantías.
A diferencia de la hipoteca, el fideicomiso supone la transferencia fiduciaria de determinados bienes o derechos a un fiduciario autorizado, quien los administra conforme a una finalidad específica establecida contractualmente.
Cuando la finalidad es garantizar una obligación, el bien fideicomitido queda afectado al cumplimiento de la deuda dentro de un patrimonio autónomo o especial, separado del patrimonio del constituyente y del fiduciario. Esta separación patrimonial constituye uno de los elementos centrales de la figura y permite que los bienes afectados a la garantía tengan un tratamiento jurídico diferenciado.
Pero la diferencia más importante aparece cuando se produce el incumplimiento. En el fideicomiso de garantía, las partes pueden establecer anticipadamente un procedimiento de ejecución privada, mediante el cual el fiduciario, una vez verificado el supuesto de incumplimiento conforme al contrato, procede a realizar el activo fideicomitido y aplicar el producido al pago de la obligación garantizada.
Esto significa que la recuperación del crédito no tiene que depender necesariamente de un proceso judicial de ejecución hipotecaria. La realización del bien se desarrolla dentro de una estructura fiduciaria y bajo reglas previamente acordadas, con intervención del fiduciario y de acuerdo con las disposiciones legales.
Es importante precisar que ejecución privada no significa ejecución arbitraria. El fiduciario debe actuar dentro de los límites del contrato, respetar los mecanismos de notificación, verificación del incumplimiento, valuación, comercialización y rendición de cuentas, y garantizar el tratamiento del eventual excedente a favor de quien corresponda. Las controversias jurídicas que puedan surgir tampoco quedan excluidas del control judicial. La ventaja consiste en que la realización del activo no depende, como regla, de obtener previamente una sentencia judicial y transitar todo el procedimiento de ejecución forzada.
En un mercado donde el tiempo de recuperación constituye un factor determinante, esta diferencia puede cambiar sustancialmente la decisión sobre qué tipo de garantía utilizar. El fideicomiso permite trasladar una parte importante de la previsión sobre la recuperación del crédito al momento mismo de estructurar la operación. El procedimiento deja de ser una cuestión que se discute recién cuando aparece el incumplimiento y pasa a formar parte de las condiciones contractuales aceptadas desde el inicio.
El creciente interés por esta figura también refleja una necesidad de agilidad en la ejecución. Quien otorga un crédito necesita conocer no solamente el valor del activo que respalda la operación, sino también las condiciones bajo las cuales podrá disponer de ese activo ante un incumplimiento. Necesita estimar tiempos, costos y procedimientos, sin quedar expuesto indefinidamente a las contingencias de un litigio.
Naturalmente, el fideicomiso tiene costos de constitución y administración, exige una adecuada selección del fiduciario y requiere contratos técnicamente bien elaborados. No es una solución automática ni está exenta de controversias. Sin embargo, cuando la prioridad es la previsibilidad en la recuperación del crédito, sus ventajas pueden resultar determinantes.
¿Significa esto que la hipoteca está quedando obsoleta? No. La hipoteca continúa siendo una figura jurídicamente sólida y necesaria. Tiene ventajas propias, especialmente cuando el constituyente desea conservar la titularidad del inmueble y el acreedor no requiere una estructura fiduciaria más compleja. Sin embargo, su principal limitación aparece cuando el acreedor necesita hacer efectiva la garantía. La dependencia de un procedimiento judicial, sumada a los tiempos que puede demandar un litigio, constituye un factor que no puede ser ignorado al momento de estructurar una operación financiera.
La discusión entre hipoteca y fideicomiso de garantía no es simplemente una comparación entre dos figuras del derecho civil y comercial, es más bien, una discusión sobre qué modelo ofrece mejores condiciones para proteger el crédito en un entorno donde la demora judicial puede convertirse en un riesgo importante.
La seguridad jurídica no se mide únicamente por la existencia de leyes regulatorias que reconocen derechos, sino también por la capacidad del sistema de permitir que esos derechos se ejerzan de manera efectiva. Un acreedor que obtiene una hipoteca debidamente constituida, pero que necesita esperar años para realizar el inmueble, enfrenta una situación que afecta directamente la confianza en el sistema de garantías. Esta es una cuestión que tiene consecuencias para toda la economía, cuanto mayor sea la incertidumbre sobre la recuperación de los créditos, mayor será la percepción de riesgo, más exigentes serán las condiciones de financiamiento. El fideicomiso de garantía ofrece una alternativa para enfrentar parte de ese problema, no porque elimine los conflictos jurídicos, sino porque permite diseñar anticipadamente una vía de realización privada del activo, reduciendo la dependencia de la ejecución judicial ordinaria.
El mercado no busca únicamente una variedad de garantías, sino también aquellas que funcionen, porque la seguridad jurídica no consiste solamente en tener el derecho de cobrar, sino en contar con mecanismos eficaces para hacerlo efectivo. Y cuando hacer valer una garantía puede llevar años, la eficiencia deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad.
