Las Leyes de la Defensa del Consumidor y el Usuario, nacieron para proteger a la parte más débil en las relaciones de consumo, y se percibe tan asimétrica, a tal punto que parece inconcebible plantear que el “poderoso empresario” necesite protección ante el “débil ciudadano”. Sin embargo, como suele suceder en las legislaciones, la posición privilegiada que las normas presumen para una parte, pueden fácilmente desproteger sus legítimos intereses.
En un mercado cada vez más competitivo, es indispensable procurar un blindaje previo en las áreas de mayor riesgo empresarial. En ese sentido, el creciente desarrollo de la protección al consumidor, hace ineludible contemplar esta materia como parte de una asesoría empresarial completa.
Si bien muchas empresas cuentan con los recursos suficientes para asesorarse, frecuentemente obvian la importancia de las políticas de prevención. En muchos casos, las políticas se diseñan a medida que comienzan los reclamos y cuando esto ocurre, puede ser tarde.-
Aunque cada empresa y su producto son diferente es importante la implementación de acuerdos que dejen claros los derechos, obligaciones y garantías sobre los productos y servicios ofrecidos a los consumidores finales.
La experiencia nos demuestra que a la hora de un conflicto, mantener claridad sobre los términos en que contratamos y atendiendo las responsabilidades, logra reducir las contingencias reales. A su vez, el deber de información oportuna, completa y veraz, que la ley carga al empresario es también su mejor escudo para prevenir los reclamos.-
Por último, el consumidor como receptor final no siempre es un ciudadano promedio, también puede ser otra empresa de igual o mayor tamaño que la suya. Al ser así, debe replantearse si las políticas que fueron diseñadas para un cliente al por menor, pueden ajustarse a este nuevo tipo de consumidor.
Opinión: Abogada Azucena Espínola - Drelichman Abogados
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